ABOUT PAíSES SIN EXTRADICIóN INTERPOL

About países sin extradición interpol

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Además, pueden trabajar para mejorar las relaciones diplomáticas y políticas países sin extradición con ningún país con otros países para facilitar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional.

Isacson cree sin embargo que los resultados mostrados por la JTFA corresponden en su mayoría a “operadores de poca monta” en vez de líderes del tráfico de migrantes como se señala.

Demanda frente a providencia de apremio por falta de identificación del deudor o de la deuda apremiada

Estos son los países del continente americano con los que España no tiene convenios de extradición:

Escrito de ambas partes solicitando la suspensión del proceso al mediar cuestión prejudicial no penal

Otra medida es la inclusión de cláusulas de seguridad en los tratados de extradición. Estas cláusulas permiten a los países entregar a una persona acusada o condenada por un delito siempre que exista una garantía de que la persona no será tratada injustamente en el país de destino.

Solicitud de revocación de ejecución provisional en caso de condena dineraria revocada parcialmente

Solicitud de prueba anticipada de exhibición de documento de contraparte durante el curso del proceso

Escrito solicitando exhibición de cosa que tenga en su poder la persona a la que se pretende demandar

Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.

Escrito de interposición de recurso extraordinario de infracción procesal, por infracción de normas sobre jurisdicción y competencia

¿Cómo afecta la falta de tratados de extradición a la lucha contra la delincuencia transnacional?

– Debe tenerse en cuenta que sin Tratado los países pueden hacer valer el efecto de la reciprocidad para facilitar la entrega.

Es importante destacar que, aunque estos países no tienen tratados de extradición con España, esto no significa que las personas acusadas o condenadas por delitos en España no puedan ser juzgadas en otros países.

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